Niñez y Adolescencia al Día

El adolescente no es quien genera la violencia

Escrito por Ingrid Bermeo el .

 

Las leyes que protegen a las y los adolescentes en conflicto con la ley y la política de Justicia Juvenil del Ecuador se confrontan duramente con la cotidianidad y el procedimiento de los juicios. Si bien en el país se impulsan iniciativas que caminan en la dirección del enfoque de derechos, persisten transgresiones y obstáculos que dificultan la cristalización de lo expuesto en las leyes.

La principal amenaza que enfrenta el sistema especializado es la propuesta del Código Integral Penal que se discute en la Asamblea. La misma que señala en el Art. 30 lo siguiente:

 

“Las y los adolescentes en conflicto con la ley que hubieren cumplido 16 años de edad al momento de cometer una infracción penal establecida en este Libro, serán imputables penalmente”.

Esta propuesta de reforma es anticonstitucional y contraviene los convenios internacionales que el país ha suscrito. El Art. 77 numeral 13, de la Constitución Política del Ecuador, señala que para las y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. Además, que el Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas.

 

La reducción de la edad de imputabilidad y el endurecimiento de las penas para adolescentes corresponde a una mirada que señala al adolescente como el generador de violencia, aseveración que no se relaciona con los datos estadísticos. De acuerdo al registro de la Policía Judicial del Ecuador desde enero hasta agosto de 2011 se ha detenido a 14884 personas. 

Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Centros de Internamiento para Adolescentes Infractores, en el primer semestre de 2011 se encuentran privados de su libertad 834 adolescentes. En relación al total de adolescentes que viven en el país, quienes se encuentran privados de su libertad representan menos del 1%.

¿Entonces cómo se justifica esta propuesta de reforma? No se puede desconocer un tinte populista en ella, pues ante la demanda de más seguridad de la ciudadanía, grupos políticas y autoridades responden con estas reformas que están muy lejos de solucionar los problemas de inseguridad del país y que reafirma las estigmatizaciones que pesan sobre este grupo etario.

El mayor y consensuado argumento del sector que defiende la propuesta es que las y los adolescentes actualmente pueden ejercer el voto desde los dieciséis años, por lo tanto tienen también la responsabilidad de asumir “como adultos” las infracciones que cometieran.

De esta manera, se toma como argumento un avance en el ejercicio del derecho de de las y los adolescentes, para justificar su resolución que va en contra de lo estipulado en la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia y Convenios Internacionales de derechos humanos.

¿Cuánto se trabaja en prevención de violencia, en qué medida se garantiza el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo? Como ciudadanos y ciudadanas no podemos voltear la mirada ante los problemas que afectan a las y los menores de edad, el Estado y cada uno de nosotros somos garantes de la vida plena de ellas y ellos. ¿Qué estamos haciendo para erradicar prejuicios y reintegrar a la sociedad a las y los adolescentes que cometieron una infracción penal? ¿Los mandamos a las cárceles o los acogemos?

 

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